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Peligro latente Cien países buscan reducir contaminantes
Paola Visca y Patricia
Peralta
Gainza En Punta del Este (Uruguay) del 2 al 6 de mayo se está llevando a cabo la primera Conferencia de las Partes firmantes de la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). El acuerdo internacional busca eliminar o al menos restringir el uso de 12 sustancias altamente contaminantes para la salud humana y el medio ambiente. Entre estos químicos se encuentran plaguicidas y productos industriales como el Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), mírex, bifenilos, policlorados y las dioxinas. Los COPs pueden ser clasificados en tres categorías: pesticidas, químicos industriales y contaminantes producidos de forma no intencional.
Los COPs (POPs en sus siglas en inglés: Persistent Organic Pollutants) presentan una serie de cualidades que los identifican: son sustancias tóxicas; persistentes, es decir que no se degradan en el mismo período ni condiciones que otros contaminantes; recorren grandes distancias, ya que pueden ser transportados por el viento o las aguas; y por último, permanecen indefinidamente en el cuerpo humano y animal. El Convenio de Estocolmo fue suscrito en la ciudad homónima, Suecia, el 22 de mayo de 2001, entrando en vigor tres años más tarde, luego de haber sido ratificado por el mínimo necesario de 50 partes, para generar obligatoriedad legal internacional. Está conformado hasta la fecha por 98 partes (97 países y la Unión Europea); de los países latinoamericanos sólo la mitad lo han ratificado.
Algo de historia Desde la segunda mitad del siglo XX comenzó a hacerse evidente el daño que causaban los distintos químicos aplicados en la industria y la agricultura, ya fuera por lo nocivo de los productos propiamente dichos o por las altas dosis en las que eran utilizados. Esto provocó la reacción de la comunidad internacional que llevó en una primera instancia al desarrollo de herramientas de intercambio de información y evaluación de riesgos. En 1992 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo comenzó a implementar mecanismos para el manejo ambientalmente sano de químicos tóxicos, incluyendo la prevención del tráfico internacional ilegal de productos perjudiciales y peligrosos. No es sino hasta 1997 cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) junto con otras organizaciones internacionales desarrolla un instrumento legalmente vinculante de este tipo. A partir de ese momento se origina el Comité Intergubernamental de Negociación (CIN), que será el encargado de llevar adelante sucesivos encuentros en los que se iría avanzando en temas relevantes. En el ámbito de los tratados que refieren al medio ambiente existen tres antecedentes a la Convención de Estocolmo: el Protocolo de 1996 para la Convención de Londres sobre el vertedero de desechos en el mar, y las Convenciones de Basilea y de Rotterdam. La primera, que se realizó en octubre de 2004, limita el comercio interfronterizo de tóxicos y de residuos peligrosos, recomendando un tratamiento para los mismos. La de Rotterdam fue adoptada por los gobiernos en setiembre de 1998, entrando en vigor recién en 2004. Este acuerdo se refiere al Procedimiento del Consentimiento Previo Aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objetos de comercio internacional. El Primer Encuentro de las Partes Esta primera convocatoria busca comprometer a los miembros en la reducción y eliminación de los productos químicos cancerígenos (dioxinas y furanos), los cuales son el resultado no intencional de la combustión. Asimismo busca medir y evaluar los cambios en los niveles de COPs en los seres vivos y en la naturaleza; gestionar y disponer de sus residuos de forma ambientalmente racional; sustituir el uso de COPs por el de químicos más seguros; y también establecer un Comité de Revisión que evalúe otros productos para ser añadidos a la lista original. Igualmente se intentará finalizar las directrices que promuevan las Mejores Prácticas Ambientales (MPA) y el uso de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD). Uno de los avances más importantes logrados hasta el momento ha sido el desarrollo de los Planes Nacionales de Implementación (PNI o NIP en inglés). Estos planes obtienen financiación a través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) vinculado al Global Environment Facility (GEF). Dicho fondo es crucial para posibilitar que los países en desarrollo accedan a las mejoras en tecnologías y procesos requeridos. Un ejemplo de la importancia de la ayuda financiera lo constituye la situación por la que atraviesan muchas naciones palúdicas. La insuficiencia de recursos hace que las regiones que padecen este mal se vean obligadas a seguir utilizando DDT, altamente contaminante, por no disponer de medios alternativos para combatir tal enfermedad. Existen alternativas para la mayoría de los COPs. Lamentablemente nos enfrentamos a una serie de factores que dificultan este proceso de sustitución; el más importante es la limitación que los altos costos económicos imponen a los países en desarrollo. Otros son por ejemplo, el desconocimiento del público de las realidades ambientales en las que habitan, o la ausencia de regulación interna que vele por el bienestar de la población. Depende de la buena voluntad de los gobiernos y de los organismos de financiamiento internacional que estas se difundan y logren sustituir definitivamente a los productos nocivos anteriores. Esperamos que este primer encuentro entre las partes firmantes del Convenio reditúe en mayores compromisos de los países desarrollados, ya que son los que disponen de los medios y herramientas para poder llevar adelante los objetivos propuestos; sin disminuir la responsabilidad de bregar por la desintoxicación del mundo de todos los que lo han ratificado. P. Visca y P. Gainza son analistas de información en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). Se permite la reproducción siempre y cuando se mencione la fuente. |
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