La interna latinoamericana
en el Convenio de Estocolmo

Paola Visca
Desde Punta del Este, Uruguay 

 

 

Las reuniones de los representantes gubernamentales se suceden aquí en Punta del Este mientras transcurre la Primera Reunión de las Partes del Convenio de Estocolmo. Uno de los grupos de delegados es el integrado por los países de América Latina y el Caribe (GRULAC). En ese grupo de trabajo se han analizado variedad de temas que luego son puestos a conocimiento del Plenario.

En el área de asistencia técnica, Uruguay presentó una propuesta que luego fue ratificada por el GRULAC, respecto a los Centros Regionales del Convenio de Estocolmo. La idea de la propuesta es que el aprovechamiento de las capacidades y recursos existentes en cada región es fundamental a la hora de avanzar en los objetivos del Convenio. Una vez reconocido este potencial se propone el establecimiento de una red de centros que trabaje de forma coordinada. La propuesta plantea que se establezca un proceso en el período intersesional en el que se analice la mejor forma de implementación de la red de centros regionales. Además, se pide a la Secretaria que estudie la posible financiación de estos programas regionales, igualmente que sigua prestando asistencia técnica. Por ultimo, la Secretaría estaría encargada de coordinar este proceso entre períodos de sesiones para cada región. Según el GRULAC esto permitiría llegar a la segunda reunión de las partes con una propuesta regional.

Otro tema importante puesto a consideración de los países latinoamericanos fue el de los expertos candidatos a formar parte del Comité de Revisión de los COPs. A América Latina y el Caribe le corresponden cinco lugares en el total de los integrantes de ese Comité. Dichos nombres deben ser presentados a fines de julio de este año. Una de los aspectos a decidir era si los candidatos debían ser necesariamente de países miembros o si podían provenir de países que no formaran parte del Convenio. Presentaron candidatura Brasil, México, Uruguay, Cuba, Argentina, Ecuador y Trinidad y Tobago, para finalmente ser elegidos México, Ecuador y Brasil por cuatro años, mientras que Uruguay y Trinidad y Tobago serán delegados por dos años. Un aspecto importante que todos los delegados destacaban era que las personas seleccionadas debían tener un perfil netamente técnico, siendo valiosa la experiencia en este terreno, dejando en un segundo plano las habilidades políticas de los candidatos.

En el GRULAC el International POPs Elimination Network (IPEN), en una muy breve intervención, puso sobre la mesa que los “bajos contenidos de COPs” mencionados en el acuerdo de Basilea son en realidad altos. Es curioso que en ese momento el delegado de Brasil se retirara del recinto. En dicho documento se sostiene que la clasificación propuesta por dicho Convenio es insuficiente y obsoleta; hay un número de contaminantes que no son considerados peligrosos pero afectan al medio ambiente y a la salud humana de forma tan nociva como los que están incluidos en el acuerdo. Y por otro lado, dentro de los considerados COPs se pide revisar los niveles permitidos para hacer más estricta la normativa existente. Hay otros tratados que establecen cifras inferiores a las que establece Basilea; EE.UU., que no firmó el Convenio de Estocolmo, en el marco del Universal Treatments Standards for Contaminated Solids (USEPA) presenta la cifra de 0,3 mg/kg (ppm) dentro de los pesticidas, mientras la Basilea establece 50mg/kg (ppm), es decir una cifra más de 100 veces mayor, y no es el único ejemplo.

En un documento titulado “Limitaciones al Toolkit del PNUMA para la realización de inventarios de COPs no intencionales” se arguye, entre otras cosas que no se refleja adecuadamente el rango de liberaciones en el medio ambiente de las economías en desarrollo, sino que son aplicables solamente a las fuentes generadoras de Europa y EE.UU. En general los factores de emisión incluidos en el toolkit no son suficientes porque no incluyen un gran número de actividades generadoras de COPs no intencionales. Además, no ofrece una estrategia para la identificación de fuentes de dioxinas y furanos, por lo que estas quedan fuera de los planes nacionales o regionales de acción.

Otro asunto que se está deliberando en este encuentro de las Partes es el de las Mejores Prácticas Ambientales (MPA y BEP en inglés) y Mejores Técnicas Disponibles (MTD y BAT en inglés). Ayer hasta altas horas de la noche los delegados estuvieron deliberando sobre este tema, en especial sobre el criterio de formación de los grupos de trabajo y la composición por países. Se llegó a la conclusión de que, reconociendo el trabajo que se ha realizado hasta el momento, se debe seguir adelante en la misma línea formando nuevos grupos. El equipo durará dos años en sus funciones y deberá presentar un informe provisorio en el Segundo Encuentro y uno definitivo en el Tercero.

Es de resaltar no solamente que el número de integrantes aumenta respecto a los grupos anteriores, sino que aumenta el número de representantes de países en desarrollo, lo que fue recibido de muy buena manera por los integrantes del GRULAC. Anteriormente el grupo estaba dividido en partes iguales entre representantes de países desarrollados y en desarrollo; en las nuevas condiciones estos últimos aumentan su participación de la  siguiente manera: África tiene ocho representantes al igual que Asia-Pacífico, Europa Central y del Este tiene tres delegados, América Latina y el Caribe tendrá cinco y entre los países desarrollados se encuentran 14 delegados.

Tomando esta información como un dato, el GRULAC se dispuso a determinar los criterios de selección de los futuros representantes de la región. Se recibieron candidaturas de Uruguay, México, Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela, Argentina y Cuba. La candidatura de Cuba (propuesta por Barbados) fue fugaz, ya que por no haber ratificado el Convenio se consideró que no era conveniente que permaneciera entre los postulados, en el entendido de que no sería aceptado posteriormente por la Secretaría.

El caso de Venezuela es muy particular: por un lado es considerado miembro, ya que tiene asignada su cuota financiera para los próximos dos años, pero por el otro no sería Estado Parte propiamente dicho porque no ha transcurrido el plazo legalmente necesario desde que ratificó el Convenio. En ese sentido su posición es difícil de determinar. Finalmente, luego de consultar con la Secretaría se aceptó su candidatura porque se informó que al momento de presentar los candidatos (julio 2005) Venezuela ya será miembro oficial del Convenio. Otro de los motivos que llevaba a aceptar la candidatura de Venezuela era que es uno de los países que ha venido trabajando en este terreno, aun antes de haber firmado el acuerdo. La experiencia y la posibilidad de ser candidatos le aseguraron a Venezuela la representación de la región en el grupo de BAT-BEP. Cabe señalar que los integrantes del grupo anterior en esta especialidad eran: Argentina, Chile, México, República Dominicana y Venezuela. Al ser elegido Venezuela como “representante andino” Ecuador retiró su candidatura. De acuerdo con el criterio de representación de las subregiones México obtuvo otro de los puestos disponibles, siendo el único representante de la región centroamericana. Argentina y Chile por continuidad ocuparon otros dos lugares, quedando la elección final entre Uruguay y Brasil, decisión que hasta el momento de este artículo no había sido tomada.

P. Visca es analista de información en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). Se permite la reproducción siempre y cuando se mencione la fuente.

 
 

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