La Cumbre de la Tierra: en 1992 más de 100 mandatarios se dieron cita en Río y acordaron salvar a la naturaleza y al hombre; 11 años después casi nada se cumple.
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| La Cumbre de la Tierra: en 1992 más de 100 mandatarios se dieron cita en Río y acordaron salvar a la naturaleza y al hombre; 11 años después casi nada se cumple. |
Eduardo Gudynas evalúa las ventajas y desventajas que Latinoamérica tiene frente a la agravada crisis ecológica global. EEUU ya no sólo evita cumplir los acuerdos, ahora desata campañas contrarias a ellos. |
El uruguayo Eduardo Gudynas, uno de los más destacados expertos latinoamericanos en temas de medio ambiente y activista confeso, ha cuestionado reiteradamente la conducta antiecológica de las grandes empresas y gobiernos. Con una crisis ambiental agravada por las prioridades que el poder global impone y un renovado activismo ecologista, Gudynas accedió a delinear para Domingo un panorama de la actual problemática ambiental planetaria y de la errática conducta de los gobiernos latinoamericanos.
—En función de lo que se cumple y no de lo acordado en las cumbres de Río y
Johannesburgo, ¿cómo cree que será el mundo dentro de 10 años?
—Hay diferencias muy importantes entre la Cumbre de Río de 1992 y la de
Johannesburgo de 2002. En realidad fue en Brasil, hace más de 10 años, cuando se
acordaron los convenios y metas más importantes, y muy poco se avanzó en Johannesburgo.
Recordemos que en la Eco ’92 participaron más de 100 jefes de Estado; fue la primera
reunión a gran escala dentro de la ONU. Allí se firmó una declaración política, los
tratados internacionales para la protección de la biodiversidad y el cambio climático, y
un ambicioso plan de acción, la Agenda 21. En Johannesburgo la situación fue muy
diferente: participaron pocos jefes de Estado, no había acuerdos en la mayoría de los
temas, no lograron avanzar en ninguna nueva medida de peso y apenas emitieron una
declaración. Se cae así en una terrible paradoja: los compromisos en Johannesburgo casi
no existieron, y por lo tanto más de uno podría decir que se está cumpliendo con lo que
allí se dice.
—¿Pero se está cumpliendo en algo por lo menos?
—Si se toma como referencia los acuerdos de la Eco ‘92, debemos aceptar que los
avances en protección del ambiente y la calidad de vida han sido pocos, en algunos casos
inexistentes, y seguramente son más los casos donde han existido retrocesos.
—¿Por qué?
—Estos problemas se deben en el fondo a las tensiones, por un lado, de las demandas
económicas actuales asociadas a un tipo particular de producción de fuerte uso de los
recursos naturales, y, por el otro, a las posiciones éticas de las personas sobre la
calidad de vida y el ambiente. Las presiones económicas, y en particular en América
Latina, siempre terminan recalando en enormes impactos en el ambiente, y con muy pocos
éxitos sociales. El viejo eslogan que defendía un crecimiento económico a cualquier
costo no ha cumplido su promesa de generar el crecimiento económico y solucionar nuestros
problemas de pobreza. La situación actual es muy triste: mayor pobreza junto a mayor
destrucción ambiental.
—¿Cuánto han aumentado las amenazas al medio ambiente y su protección en la
coyuntura 2002-2003?
—En América Latina han aumentado las amenazas por la confluencia de dos factores.
Por un lado, se ha acentuado un patrón de exportaciones que depende esencialmente de
recursos naturales; por ejemplo, del total de las exportaciones de nuestro continente,
alrededor del 75 por ciento son recursos naturales, tales como petróleo, minerales,
productos forestales y agropecuarios. Exportamos cada vez más, pero se nos paga por ello
cada vez menos, y por lo tanto debemos intensificar y ampliar nuestra extracción de
recursos naturales con un enorme impacto ambiental. Por otro lado, la crisis política y
económica ha debilitado muchas de las regulaciones ambientales. La desesperación de los
gobiernos ante la debacle económica los lleva a aceptar emprendimientos de alto impacto
ambiental. En otros casos exageran en el achicamiento del Estado y desmontan las
instituciones de regulación ambiental; el caso más dramático se dio en Argentina con el
desmembramiento de la Secretaría de Medio Ambiente. Por lo tanto, la coyuntura actual de
problemas económicos, mayor dependencia del sector externo y dificultades políticas hace
que las cuestiones ambientales no sean atendidas adecuadamente. Frente a eso, muchos
grupos ciudadanos reaccionan y se cae en conflictos sociales.
—En los temas en los que potencias como EEUU, Australia o Japón no ceden,
¿qué se puede hacer? ¿Estamos en el límite entre la protesta y la resignación?
—La agenda internacional en la temática ambiental también se ha complicado. El
hecho más destacado es que Estados Unidos pasó de evitar o minimizar el cumplimiento de
medidas ambientales a acciones decididamente en contra de esos acuerdos. Recordemos que
Estados Unidos no ha ratificado importantes acuerdos recientes, como el Convenio de la
Biodiversidad o el Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático. No sólo no los firmó,
sino que realiza campañas intensas en contra de esos acuerdos, e incluso diseña
mecanismos paralelos. Por ejemplo, frente a los intentos de regular el comercio
internacional en productos modificados genéticamente, Washington desarrolló una campaña
para evitar que otros países adhirieran a esas condiciones, a pesar de que el sentido
común indica que es importante tener alimentos bajo buenas condiciones de calidad. Por
otro lado, el rechazo de EEUU a los compromisos del Protocolo de Kyoto para reducir la
emisión de gases contaminantes se basó en las posibles pérdidas de sus industrias, un
argumento que no es válido, ya que implica aceptar que se dañe el ambiente global,
incluido el nuestro en el sur, a costa de ahorrar dinero. Pero es más grave, las
cuestiones de dinero no son las más importantes, ya que los fondos gastados en la guerra
en Irak permitirían financiar muchos programas ambientales.
—¿Hay alguna esperanza en la Unión Europea, por ejemplo?
—Frente a EEUU, las posturas de la Unión Europa reclamando ciertas medidas
ambientales aparecen como muy interesantes. Pero el problema se hace aún más grave
cuando se comprende que las demandas de EEUU son tan radicales que las posturas de la UE y
otros países aparecen como mesuradas, aunque en realidad no lo son tanto. Basta observar
que Europa sufre enormes impactos ambientales en su medio rural, y su agropecuaria está
basada en una enorme artificialización.
—¿Pueden hacer algo los países latinoamericanos?
—Nuestros países, y en especial Bolivia, tienen muchas ventajas. Es que nosotros
podemos reconvertirnos hacia modos de producción limpias, y en especial la producción de
alimentos de calidad, por la ausencia de insumos artificiales, que tiene un “valor
agregado ambiental”, lo que nos otorga enormes ventajas competitivas. Eso se debe a
que los consumidores, intensamente en el norte, y más y más en las grandes ciudades del
sur quieren alimentos naturales, y justamente son nuestros países los que los pueden
ofrecer. Nuestros gobiernos y muchos de nuestros técnicos no han entendido todavía que
el ambiente no es un obstáculo para su desarrollo económico, sino una ventaja.
—¿Cuáles son los elementos más críticos en la problemática medioambiental
en Latinoamérica?
—América Latina enfrenta problemas ambientales tanto en el medio rural como en el
urbano. La vieja idea de un continente con enormes y extensas áreas naturales, muchas de
ellas vírgenes, y casi sin contaminación, ya no es cierta. Se puede observar los
impactos ambientales en los rincones más apartados, como la tala de árboles, la caza
furtiva, la captura y tráfico ilegal de fauna y flora, hay que recordar que ese negocio
es el segundo de mayor envergadura después del narcotrático, y finalmente la
desaparición de áreas silvestres sea por el avance de la frontera agropecuaria o por
grandes obras de infraestructura.
En el medio urbano ha tenido lugar un fuerte deterioro en casi todas las ciudades, en
especial por la proliferación de residuos sólidos y los malos sistemas de manejo de
basuras, junto a las crecientes dificultades para manejar los efluentes.
Considero que la temática ambiental urbana es más sencilla de abordar. Existen
soluciones tecnológicas para muchos de los problemas de contaminación y además la
presión ciudadana es mayor. En cambio, en el medio rural será mucho más difícil.
—¿Cuánto cree que hará Lula por el medio ambiente? Podríamos hablar de doble
moral o debilidad al evidenciar contradicciones en, por ejemplo, la política de
construcción de plantas hidroeléctricas?
—Estamos en una etapa muy inicial con el nuevo gobierno de Brasil.Tenemos tanto
indicadores muy alentadores como otros muy preocupantes. Por un lado, el presidente Lula
ha designado como ministra de Medio Ambiente a Marina Silva, una militante del Partido de
los Trabajadores oriunda del estado de Acre y que se ha desempeñado como senadora
destacada por muchos años. La Ministra tiene una historia de fuerte compromiso con los
temas ambientales y conoce bien los problemas que enfrenta el ambiente y las presiones de
los intereses económicos. Esa designación recibió el respaldo de muchas organizaciones
ciudadanas.
Por otro lado, el gobierno de Lula decretó un ajuste fiscal que determinó una fuerte
reducción de los presupuestos ministeriales, entre ellos los del ambiente. En el mismo
sentido, el equipo económico de Lula defiende proyectos que en muchos casos están lejos
de las posturas de la nueva Ministra del ambiente, y que seguramente desencadenarán
tensiones sociales y protestas. Entre ellos están los programas en energía, que incluyen
nuevas represas, así como repensar la estrategia agropecuaria, lo que implica un fuerte
avance sobre áreas naturales del Cerrado para convertirlas a la ganadería y la
agricultura. Esos planes implican un impacto ambiental enorme, sólo comparable a la
crisis de quemas y talas amazónicas de los 80. Sin duda que esto evidencia
contradicciones, aunque considero que, más que personales, son las tensiones propias
dentro de un equipo de gobierno. El desafío está en ver cómo se los resuelve; hasta
ahora en la experiencia mundial el ambientalismo casi siempre ha perdido esas batallas,
pero los costos sociales y políticos son cada vez mayores, y así poco a poco se va
consolidando una agenda ambiental.
—¿Qué visión tiene del caso boliviano?
—El caso de Bolivia es muy particular. El país posee una enorme riqueza ambiental, y
además es muy diversificada; desde paisajes montañosos hasta la selva tropical. Esa gran
riqueza ecológica está asociada a una riqueza productiva, tal como gas y minerales que
redoblan la necesidad de un manejo responsable. Pero además Bolivia innovó a nivel
mundial con nuevas instituciones para el manejo ambiental. Fue el caso del Ministerio de
Desarrollo Sostenible intentando articular la política económica con la ambiental, o el
caso de contralorías y superintendencias para recursos naturales. El país posee la base
de normas e instituciones. Los problemas actuales parecerían estar en la aplicación,
esas medidas se deben aplicar en forma efectiva, los casos de incumplimiento deben ser
detectados y penalizados, y se debe evitar la corrupción.
Esta situación es muy distinta a la de otros países, ya que poseen menos normas o marcos
institucionales más pequeños, como Argentina o Chile. En ese sentido, Bolivia ha
avanzado más. Pero países como Chile o Uruguay parecerían tener niveles de cumplimiento
de normativa más altos. Bolivia debería entonces fortalecer su gestión ambiental. Esos
pasos van acertados entre los poderes del Estado. Es importante reconocer esto porque
muchas veces se cae en la confusión de creer que la política ambiental es sólo
cuestión del Ejecutivo, concibiéndola como una “policía ecológica” que
persigue a los contaminadores. La política ambiental es mucho más amplia, y el
Parlamento, el Poder Judicial y los gobiernos locales tienen papeles claves.
Entrevista de Rafael Sagárnaga L., publicada en el suplemento Domingo, de La Prensa, La Paz (Bolivia), 18 mayo 2003.
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