ECOLOGIA POLITICA DE LA GUERRA

Eduardo Gudynas

Muchos podrían considerar que el tema de la guerra tiene poco que ver con la perspectiva ambiental, o que a lo sumo sólo interesa por los impactos ambientales que pueda ocasionar. Creo que es una postura equivocada. También hay varios que la consideran un tema lejano a América Latina, y estimo que esa posición también está errada. Deseo presentar algunos argumentos para demostrar que el drama de la guerra merece ser analizado desde la ecología política.

En primer lugar es necesario desenmascarar las implicancias económicas. Desde hace años se viene repitiendo que no hay dineros disponibles para la calidad ambiental y la calidad de vida; en más de una ocasión se pone como excusa la necesidad de atender otras áreas que se dicen más importantes; y en nuevas posiciones extremas se presiona para que emprendimientos ambientales, como las áreas naturales protegidas, se autofinancien. El gobierno de Estados Unidos ha llegado a decir que no puede aplicar el Convenio de Kyoto para reducción de emisiones de gases contaminantes porque perdería dinero y sería perjudicial para su economía.

Rápidamente surge una pregunta clave: ¿cómo puede decirse que no hay dinero cuando se invierten miles de millones de dólares en una guerra? Por ejemplo, la Oficina del Presupuesto de EE.UU. sostiene que el primer mes de guerra en Irak costará unos 10 mil millones de dólares, y otros 8 mil millones por cada mes adicional. Comparando esas cifras con los cálculos del costo de aplicación de la Agenda 21, el programa ambiental aprobado por todos los gobiernos en la cumbre de Rio de Janeiro de 1992 (y que EE.UU. también apoyó), se encuentra que los gastos de este primer mes de guerra servirían para cubrir las acciones en biodiversidad y agricultura de todo un año, y en todo el planeta. Las estimaciones del costo total de la guerra en Medio Oriente alcanzan los 120 mil millones, según el conocido economista William Nordhaus de la Universidad de Yale, una cifra que si se utilizara con fines ambientales permitiría financiar acciones todavía en muchas más áreas, como las de pobreza, deforestación y aguas a nivel global y durante todo un año.

El costo anual de aplicación de todos los programas de la Agenda 21 podrían cubrirse con el presupuesto de defensa de los Estados Unidos (400 mil millones de dólares), y seguiría sobrando algún dinero. Por estas razones es infundado sostener que no existe financiamiento disponible para extensas y enérgicas medidas en materia ambiental. La guerra ha desenmascarado una vez más que los dineros están allí, a la mano, y que en realidad se carece de voluntad política para usarlos.

En segundo lugar, el actual conflicto de EE.UU. contra Irak ha agrietado todo el sistema de convenios y regulaciones internacionales que han conformado las naciones desde el fin de la segunda guerra mundial. Un número significativo de esos convenios globales son específicamente ambientales, tales como la Convención del Cambio Climático o la Convención de la Diversidad Biológica. Allí los países acuerdan reglas mutuas para cumplir con medidas ambientales, y si bien todavía poseen muchas fallas, no dejan de ser muy importantes al menos en dos niveles. Uno se aplica a los países que ratifican esos convenios y que por lo tanto pasan a constituirse en normas nacionales que llenan en parte los vacíos en sus propias legislaciones; un caso muy claro para América Latina son las aplicaciones del Protocolo de Cartagena para regular el comercio en productos transgénicos. Por otro lado, esos tratados establecen reglas mutuas que deben cumplirse, tanto por los países grandes como por los pequeños, y que son indispensables para encarar problemas planetarios como el recalentamiento de la atmósfera o la pérdida del ozono. Este sistema multilateral se encuentra jaqueado; Estados Unidos ha rechazado tratados internacional (en el campo ambiental el Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático y la Convención de Biodiversidad). Desde el punto de vista de la ecología política es indispensable fortalecer el entramado multilateral en tanto allí se pueden lograr obligaciones recíprocas en temas ambientales.

También ha quedado muy golpeado el sistema de las Naciones Unidas. Más allá de los impactos sobre el Consejo de Seguridad, todo ese sistema está en entredicho, y con ellos sus agencias y programas. Un enorme signo de interrogación se cierne entonces sobre el alcance de las actividades que puedan hacer en cuestiones ambientales el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) o la UNESCO si llegan a estar en contra de los intereses de Washington. Cualquiera de esas agencias han desempeñado papeles importantes en América Latina.

Obviamente las consideraciones sobre la guerra no pueden quedar reducidas a cuestiones de precios o tratados internacionales. El conflicto armado implica la destrucción de la vida, tanto la humana como la del resto del ambiente. El secretario general de la ONU, Koffi Annan sostiene que el 75% de las bajas en la guerra serán civiles, y es posible que en esta ocasión cientos de miles de personas pierdan sus vidas. Esos temas encuentran hoy por hoy amplia discusión en la prensa y otros medios de análisis.

A ese debate se han sumado los efectos ambientales; los más publicitados en la guerra en el Medio Oriente han sido los incendios de los pozos de petróleo, pero a ellos hay que sumarles otros como la diseminación de sustancias químicas, la contaminación de los cursos de agua o el uso de municiones con uranio. Informes recientes muestran que en la primera guerra del Golfo, las fuerzas iraquíes incendiaron unos 700 pozos de petróleos con fuertes efectos en el clima regional, se contaminó el 40% de las reservas de agua potable y se alteró la vida costera marina. Estos y otros efectos se mantuvieron por años, y se suman a los que ocurrieron antes por la guerra entre Irak e Irán en la década de 1980 (1).

La perspectiva ambiental se ha ampliado hasta dejar en claro que una de las causas centrales de la guerra es ganar un acceso privilegiado a un recurso natural, el petróleo. Podrá argumentarse que eso ha sucedido por siglos, ya que las invasiones y conflictos buscaban ganar más tierras, minerales preciosos o nuevos alimentos. En muchos sentidos la conquista de América fue una apropiación europea sobre sus recursos naturales. Lo que ha cambiado en la actualidad es que reconocemos la cualidad de “recurso natural” del petróleo, y la perspectiva ambiental se ha incorporado a las consideraciones geopolíticas. El conflicto en el Golfo Pérsico es interpretado por algunos como una disputa sobre los recursos, y eso inmediatamente desencadena temores en América Latina en tanto alberga enormes riquezas en energéticos, biodiversidad y agua. Quedan entonces planteados nuevos temas sobre una “geopolítica verde” Latinoamericana frente a las potenciales disputas sobre nuestras riquezas naturales.

Como contrapartida, si contáramos con estrategias en desarrollo sustentable mucho más enérgicas, seguramente nuestras economías no dependerían tanto del petróleo y una de las cusas de esta guerra podría minimizarse. La propia insustentabilidad de los estilos de desarrollo actual, y en especial el uso exacerbado de energía, arrastran a que algunos Estados deban asegurarse los suministros energéticos, y prefieren los costos de una guerra antes que la molestia de abandonar sus calefactores o automóviles.

A mi entender, Centro América tiene mucho que decir sobre todas estas cuestiones. En esa región se ha vivido una sucesión de conflictos armados intestinos en varias naciones, donde también tuvieron lugar escenas de muerte y destrucción ambiental. Sus secuelas se sienten hasta el día de hoy con ejemplos de degradación ambiental así como en el retraso económico. Es oportuno recordar el testimonio de Oscar A. Pérez (CEASPA, Panamá), quien hace 15 años atrás señalaba que en el conflicto salvadoreño de la década de 1980 se utilizó intensamente a la fuerza aérea, bombardeando a los guerrilleros y la población civil, y a la Naturaleza que los albergaba. En aquellos años la Universidad Centroamericana indicaba que se lanzaban un promedio de 300 libras de TNT por cada guerrillero, y se sumaban los testimonios sobre el uso de sustancias químicas (2).

La experiencia centroamericana también nos recuerda la necesidad de buscar y construir la paz insistentemente. Muchas organizaciones ciudadanas y líderes destacados actuaron a ese nivel, y algunos lo pagaron con su vida. Las posiciones nacionales autónomas son importantes para ese fin, y recuerdo que Costa Rica desempeñó ese papel durante algún tiempo manteniendo su independencia ante las demandas de Washington. Más allá de la evaluación positiva o negativa que cada uno pueda tener de aquellas acciones, es importante rescatar la posibilidad de la autonomía justamente en momentos que naciones mucho más poderosas no lo han logrado; también lo deberían tener presente muchos de nuestros actuales gobiernos. Los duros acontecimientos de aquellos años enseñaron que es indispensable no renunciar a la búsqueda de la paz; siempre habrá una nueva alternativa, otra posibilidad, para encontrar la paz: la guerra no es una posibilidad aceptable.

En ese sentido debemos reconocer que muchos centroamericanos tienen mucho que enseñar a los ambientalistas, y en especial a algunos partidos verdes europeos. Si bien en el viejo continente incorporaron el mantenimiento de la paz al núcleo central de sus programas, han llegado a perder la autonomía y la constancia sucumbiendo ante la fatalidad de la guerra. El caso más dramático ha sido el líder del Partido Verde alemán, Joschka Fischer, que como ministro de relaciones exteriores terminó apoyando y defendiendo los bombardeos y la intervención militar en Kosovo.

Esta actitud merece una detenida reflexión desde la ecología política: ¿hasta dónde pueden llegarse empujado por el realismo político? A mi entender la experiencia centroamericana brinda el sentido de la respuesta, y la paz no puede ser negociable para ningún ambientalista. Por lo tanto, la ecología política debe abordar la búsqueda de la paz y presentarla como una condición indispensable para cualquier estrategia volcada a la sustentabilidad.

Es que la guerra también significa la destrucción de la política. Con ella triunfa una racionalidad militar apoyada en el verticalismo, donde se suceden órdenes de unos pocos y obediencia de muchos más; la confidencialidad y el secreto condicionan el flujo de la información; y las decisiones se sustentan sobre la violencia. Esta racionalidad invoca una y otra vez a la seguridad en la toma de decisiones, y los ámbitos jerárquicos y secretos que genera refuerzan modos autoritarios. Todos estos elementos son opuestos a los que busca una política verde, que defiende el más amplio acceso a la información y la participación ciudadana, la toma de decisiones argumentada y la democracia.

La actual respuesta ciudadana es tanto una reacción contra la guerra como un intento de recuperar la política de parte de cada uno de nosotros. Las enormes manifestaciones que se han dado prácticamente en todas las grandes ciudades, y en especial en Europa y América Latina, muestran a personas que reclaman ser oídas, que cuestionan en muchos casos a sus gobiernos y que desean volver a ser protagonistas en la construcción de una política que discurra por los caminos de la paz. Han sido decenas de miles de personas, y entre ellos buena parte del movimiento ambientalista, que no se doblegaron ni renunciaron, sino que han rejuvenecido en sus ideales, y caminan por las calles rechazando la guerra.

El mensaje que se da es muy claro, y sea por un camino o por otro, desde la ecología política sólo hay una opción posible para avanzar hacia la sustentabilidad: la paz es indispensable y nunca se puede renunciar a ella.

(2) O.A. Pérez, El silencioso dolor de una guerra escandalosa, Nueva Sociedad No 87, 1987.

Una versión de este artículo se publicó en AmbienTico, San José (Costa Rica), No 115, pp 3-4, abril 2003.

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