LOS PAISES MEGADIVERSOS SE UNEN

Eduardo Gudynas

En una acción sin precedentes, los países con mayor riqueza en diversidad biológica firmaron el pasado febrero un acuerdo de cooperación y coordinación. Reunidos en la ciudad de Cancún, 12 naciones dieron los primeros pasos para una defensa concertada de su acervo biológico, y están a un paso de crear un "cartel" ecológico.

Brasil, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú se unieron a países como China, India, Indonesia, Kenia y Sud Arica para crear el Grupo de Países Megabiodiversos Afines (GPMA), que busca actuar como un bloque a nivel internacional, coordinando las posiciones nacionales en ámbitos como la Convención para la Diversidad Biológica, la próxima cumbre de desarrollo sustentable de Johannesburgo, e incluso la Organización Mundial de Comercio o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

El grupo postula algunas metas tradicionales como promover la conservación, fortalecer las legislaciones nacionales y promover la conservación, pero le suma otras más novedosas y ambiciosas. Entre ellas se destacan el combate a la biopiratería, la promoción de la valoración de bienes y servicios provenientes de la diversidad, el análisis del riesgo y la aplicación del principio de precaución. El punto de partida es una reivindicación de los derechos soberanos de los estados sobre sus recursos biológicos.

El paso es de gran importancia, tanto ecológica como políticamente. Esas naciones albergan aproximadamente el 70% de la riqueza biológica del mundo, y proponer la defensa de ese patrimonio desde una coordinación sur-sur cobra especial importancia. Hasta ahora los agrupamientos entre los países del sur han sido muy débiles; en los temas ambientales el llamado Grula (Grupo Latinoamericano) mantiene débiles lazos, y en temas clave, como el cambio climático o el comercio en transgénicos, son evidentes diferentes posiciones. Eso desemboca en que los latinoamericanos terminan alineados detrás de países industrializados, donde algunas naciones se apoyan en EU y otras en la Unión Europea, tal como sucedió con el Protocolo de Bioseguridad. El agrupamiento mayor, el Grupo de los 77, que aglutina a muchos países en desarrollo, padece de los mismos problemas.

Incluso en temas comerciales, donde todos se mueven preocupados por el dinero, los gobiernos latinoamericanos no han logrado generar "carteles" efectivos similares a los de la Opep para defender productos como el banano o el café. En los hechos terminan compitiendo entre sí, acentuando la tendencia a bajar los precios de sus exportaciones. Ante estos antecedentes, el hecho de que varios países del sur se decidan a coordinar posiciones comunes es un paso bienvenido, y tal vez sirva para contrarrestrar algunas de las pésimas posiciones ambientales que la diplomacia de Washington está promoviendo en todo el planeta.

Pero enseguida surge la pregunta sobre las ideas profundas que sustentan esa coordinación. Es que muchos de los gobiernos miembros de este Grupo de Países Megabiodiversos dentro de sus fronteras amparan políticas ambientales muy débiles, repiten el uso depredador de los recursos naturales y ofrecen ejemplos de querer usar los derechos de propiedad sobre recursos genéticos, no tanto para la conservación, sino para realizar sus propios patentamientos y obtener sus propias ganancias. En suma, repiten la estrategia de desarrollo que se encuentra en la base de nuestros problemas ambientales, y están más interesados en los beneficios económicos que en la conservación.

Esta tensión se enfrentará en el futuro inmediato, ya que el GPMA propone "impulsar el desarrollo de un régimen internacional que promueva y salvaguarde efectivamente la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la diversidad biológica", abordando temas como los mecanismos para transferir material genético (certificación, consentimiento previo y mutuamente acordado) y el régimen de propiedad sobre éstos (donde incorporan los sistemas sui generis y los sistemas tradicionales). Si se llevaran a la práctica esos dichos, serían necesarias reformas profundas en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio que afectarían los recursos naturales.

Posiblemente las respuestas están en otra de las metas del GPMA: su proclama de una "nueva ética, en la que prevalezca la equidad y las actitudes responsables que garanticen la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica del planeta", lo cual es un objetivo por todos compartido, pero habrá que ver cómo harán los gobiernos latinoamericanos para ir más allá de una declaración de aspiraciones, convirtiéndolo en acciones concretas. Los estaremos observando.

AmbienTico, Costa Rica, No 103, p 3, abril 2002.

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