Gerardo Honty crisis energetica cono sur

La crisis energética que vive el Cono Sur ha vuelto a poner en el tapete los temas de la integración regional, la dependencia energética, la falta de inversiones, la capacidad del estado de regular, etc. Pero poco se ha hablado acerca de algunas otras causas y consecuencias que esta crisis tiene. Por lo pronto parece como si la falta de lluvias y las bajantes de las represas tuvieran que ver con una maldición divina. Asumimos esta catástrofe climática como una desgracia más que la mala fortuna nos pone en el camino tan ansiado de desarrollo. Lo mismo pasó en la crisis energética chilena de 1998 o la brasileña de 2001. También en aquellas oportunidades las culpas fueron compartidas con la falta de inversión de los capitales privados, vale la pena apuntar.

Sin embargo esta crisis actual tiene algunas otras razones. La represa de Salta Grande, compartida por Argentina y Uruguay se quedó sin agua y nadie parece asociar esto con las nuevas represas construidas sobre el Río Uruguay. Allí existen una larga cadena de represas: Passo Fundo, Itá y Machadinho, son las más importantes. Las últimas dos fueron construidas en los últimos 5 años y el tema de su impacto aguas abajo fue ventilado en su momento. En tanto la situación hidrológica sea más o menos normal, los reservorios se mantienen en un nivel más o menos constante y el agua fluye río abajo sin mayores inconvenientes. El agua pasa por las turbinas, genera la electricidad y vuelve a correr por el río hasta la próxima represa. Esto tiene unos impactos ambientales significativos en la vida del río, como las dificultades para la migración de peces, que no vienen al caso en este artículo.

Sin embargo, cuando la situación hidrológica no es buena –como es el caso en la actualidad- los operadores de las represas brasileñas y argentino / brasileñas retienen el agua lo más posible para tener reservas ante las eventuales crisis inmediatas. Pero como están aguas arriba, la acumulación de agua en las sus represas impide el natural ciclo del río Uruguay y el agua entonces ya no llega más abajo, afectando especialmente a Uruguay.

Este problema se puede agravar pues en distintas etapas de concreción están esperando turno para ser construidas las represas: San Pedro, Garabí, Roncador, Itapiranga y Foz de Chapecó, todas sobre el río Uruguay o sus tributarios. Y estas son solo las hidroeléctricas, hay otras varias en la cuenca previstas con fines de riego. ¿Cuánta agua quedará disponible en el río Uruguay a la altura de Salto Grande en las sequías de los próximos años?

Muchos aún se ríen con sorna y la mayoría cree que es un problema para el futuro, pero el cambio climático ya llegó. Sumado a los problemas de la “peridiocidad” de las sequías y del aumento de las represas en la cuenca, el fenómeno del cambio climático ya está acá. Catorce años atrás el Panel Intergubernamental de Cambio Climático –órgano científico de Naciones Unidas- anunció que los regímenes de sequía e inundaciones iban a variar aumentando la cantidad y frecuencia de los “eventos extremos”. En muchas partes del mundo esto fue tomado en serio y aparecieron el Protocolo de Kioto a nivel internacional y varias medidas de “adaptación al cambio climático” a nivel nacional.

Tal como sucede en algunos países, en Uruguay se elaboraron durante el año 2002 una serie de medidas de adaptación para diferentes sectores de la economía nacional. La única medida de adaptación propuesta para el sector energía dice: “Profundizar los estudios sobre disponibilidad de agua y régimen de aportes de las centrales hidroeléctricas y actualización de las series históricas de aportes utilizados en los modelos de planificación y operación del sistema eléctrico”. Quiere decir que los técnicos y jerarcas uruguayos que elaboraron este informe están reconociendo que el cambio climático existe, que la generación de electricidad va a ser afectada y que hay que adaptarse a la nueva realidad.

Quiere decir también que la desgracia que la mala fortuna interpuso en nuestro paso es en parte responsabilidad de unos países que utilizaron la energía de manera abusiva y que aún no se han dignado a pagar la cuenta. Y que los gobiernos del Cono Sur no se tomaron en serio las negociaciones del Protocolo de Kioto y anduvieron más preocupados de ver como sacaban algunos pesos vendiendo créditos de carbono secuestrado en los árboles que en obligar a los países industrializados a detener la quema de petróleo.

Pero las consecuencias de esta crisis energéticas no solo van a ser económicas, ni van a ser económicas sólo porque se pierda producción o aumeten los costos de generación. En Uruguay, la empresa estatal de electricidad UTE, está proponiendo una “tarifa térmica” para compensar el aumento de costos que le ocasiona generar electricidad a partir de fuel y gas oil como lo está haciendo ahora. Pero esta tarifa térmica debería venir acompañada de una “tarifa bronquial” que tendrían que cobrar los hospitales y sanatorios para equilibrar sus propios costos. Es que el aumento de emisiones contaminantes que están produciendo las centrales térmicas (Batlle y La Tablada) tendrá su correlato en un aumento de las enfermedades asociadas con los gases que salen de las chimeneas de las usinas.

El volumen final de emisiones dependerá de la cantidad de días y horas que estas usinas deban estar encendidas para paliar la crisis. Para tener un punto de partida para el análisis supongamos que ambas centrales estén encendidas las 24 horas del día durante un mes. En un mes de funcionamiento las centrales térmicas arrojarán sobre la ciudad de Montevideo –entre otros gases- 333 mil kilos de CO2 (dióxido de carbono) y 5.162 kilos de SO2 (dióxido de azufre). Para tener una idea de lo que esto significa puede decirse que esto equivale al volumen del dióxido de azufre emitido por todo el sector transporte (más de un millón de vehículos) en 56 días y de CO2 en 240 días[1].

Para tener una idea de los impactos en la salud pueden citarse estudios hechos en 11 ciudades de Canadá que mostraron que un aumento de entre 10 y 60 microgramos de SO2 por metro cúbico producen un aumento de 3% en el índice de mortalidad general y 4% en el índice de mortalidad por afecciones respiratorias.[2] El dióxido de azufre además de afectar el sistema respiratorio, al asociarse con el agua de la atmósfera provoca lluvia ácida, lo cual tiene impactos diversos en el ambiente pero también –una vez más- sobre la salud. No hay estudios a nivel nacional de la relación entre el nivel de emisiones derivados de la quema de combustibles fósiles y las enfermedades, pero a juzgar por la evidencia internacional –como el caso del estudio anterior- la correlación es evidente.

De la misma manera pueden establecerse los costos por los daños ocasionados por estos gases. Por seguir con el ejemplo del dióxido de azufre, un estudio hecho para el Reino Unido[3] estima que una emisión de 2:697.000 toneladas de SO2 ocasiona un daño por 16.000 millones de euros. Llevado esto a nuestro ejemplo de un mes de emisiones de SO2 de La Tablada y Batlle resulta en un costo por daños de 30 millones euros por mes, la mayoría ocurridos en el sector salud. Téngase en cuenta que faltan contabilizar los impactos de los demás gases: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, material particulado, etc.

La economía de nuestros países sufre de diversas maneras por la crisis energética. Pero l a crisis no nos vino del cielo. Entre otras cosas se ha basado en una dependencia excesiva de los combustibles fósiles (más del 60% de la matriz energética de la región), muy poca inversión en fuentes alternativas y escasos programas de eficiencia y ahorro energético. Además no se consideran las externalidades negativas del sector y las privatizaciones y los programas de ajuste estructural han dejado sin herramientas a los gobiernos de la región. Muchos de estos temas se ventilan pero otros –como los planteados en este artículo- no están en el debate. Como siempre se dice, la crisis es una oportunidad. ¿Se la tomarán en serio en el Cono Sur?

NOTAS

[1] Cálculos propios basados en: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay. 2001 Inventario Nacional de emisiones netas de gases de efecto invernadero: 1998. DINAMA. Unidad de Cambio Climático, Montevideo.

[2] Last, John; Truton, Konia; Pengelly, David; David Suzuki Foundation, 1998. Taking our breath away : The health effects of air pollution and climate change. David Suzuki Foundation. Vancouver.

[3] OECD, 2000. World Resources Institute; Climate Institute; WMO; IPCC. Ancillary benefits and costs of greenhouse gas mitigation : Proceedings of an IPCC Co-sponsored workshop. OECD, Paris.

Gerardo Honty es investigador asociado de D3E (Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad América Latina) y director del Centro Uruguayo en Tecnologías Apropiadas (CEUTA). Publicado el 30 de Abril 2004. La reproducción es libre siempre que se cite la fuente.